REVISTA JURÍDICA DEL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE LAS ISLAS BALEARES
• 23-01-2018 16:26 pm •
"La lealtad es una virtud que está bien en todo hombre y señaladamente en los Escribanos"
(Partidas, 3ª-XIX-Proemio)

1 REGLAMENTO SUCESORIO EUROPEO. CUESTIONES DE LEY APLICABLE.


Carlos Jiménez Gallego. Notario

El Reglamento europeo 650/2012 dedica un extenso capítulo con múltiples reglas (arts. 20 a 38) a la determinación de la Ley que debe regir la sucesión. Implica un cambio muy considerable respecto de la normativa que hemos aplicado hasta ahora.


Las nuevas reglas se aplican a todos los casos en que las autoridades y funcionarios de un Estado miembro, salvo el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, tengan que determinar la Ley aplicable a una sucesión abierta a partir del 17 de agosto de 2015, inclusive. Ya no podemos aplicar, por tanto, la regla del art. 98.8 del Código Civil. Las normas del Reglamento se aplican también aunque la Ley rectora de la sucesión deba ser aplicada sea la Ley de un Estado no miembro.


La Ley aplicable a la sucesión es, en primer lugar, la ley elegida por el causante.

Esta Ley sólo puede ser la Ley de la nacionalidad de dicho causante, sea en el momento del otorgamiento o en el momento del fallecimiento. En defecto de elección, se aplica la Ley de la residencia habitual del causante en el momento del fallecimiento. Excepcionalmente, puede aplicarse la Ley del Estado con el cual el causante mantenía un vínculo manifiestamente más estrecho, si resultase claramente de todas las circunstancias del caso.


El causante sólo puede elegir una única Ley. El Reglamento ha optado por el modelo de una única ley sucesoria, tanto si hay professio juris como si no, y ha descartado el modelo escisionista. Sin embargo, hay que reconocer que en todo modelo basado en una única ley se producen quiebras. Una de ellas está, en aplicación del propio Reglamento, en la Ley que rige el acto mortis causa, cuando éste existe. Y aún hay más: la Ley que rige la forma de testamentos y pactos sucesorios, la Ley que rige determinados aspectos de la administración de la herencia, o las normas aplicables a la sucesión de determinados bienes.

La Ley elegida puede ser la Ley de un Estado miembro o de cualquier otro Estado.

La Ley elegida no puede referirse sólo a una parte de la sucesión. Esto no impide, porque es una cuestión distinta, que un causante otorgue una disposición mortis causa referida exclusivamente a un ámbito geográfico determinado.


Se ha discutido hasta dónde llega la facultad de elección en el caso de que el Estado de la nacionalidad del causante tenga distintos Ordenamientos civiles, como es el caso de España.A primera vista, parece que no cabe elegir una Ley de entre las Leyes de un Estado, sino que hay que limitarse a designar en general la Ley de ese Estado. Esto puede encontrar apoyo en el art. 36, que deja todo lo relativo a la elección del Ordenamiento interno a las normas de conflicto de ese Estado.

No nos acaba de convencer esta tesis tan radical. Podría entenderse que el art. 36 sólo se refiere a los casos en que la "Ley sucesoria se determine sin influencia de la voluntad del causante, ya que dice ley designada por el presente Reglamento" y parece un poco forzado entender que esto se cumple en el caso de una Ley elegida voluntariamente por el causante.

También hay que tener presente que si no se puede fijar de antemano con total claridad cuál va a ser la Ley de la sucesión habrá un problema a la hora de redactar las cláusulas del testamento y de controlar preventivamente por el Notario la legalidad de éstas. La organización segura del destino post-mortem de los bienes es uno de los objetivos del Reglamento. Precisamente es una de las razones principales de permitirse la elección de la Ley sucesoria. Esto decae si no se permite fijar con precisión cuál es la Ley aplicable. Pensemos en el caso español, por ejemplo. Las disparidades en materia de legítimas son tan grandes que, dependiendo de qué Ley rija la sucesión, la aplicación práctica de lo dispuesto en el testamento puede resultar mínima.


En todo caso, la manera de expresar la elección en caso de Estado plurilegislativo debe realizarse con cuidado. Hemos visto defendidas dos posiciones. Según algunos, se puede elegir directamente la ley de un territorio concreto dentro del Estado plurilegislativo. Según otros, se debe elegir sólo la Ley del Estado de que se trate, pero se puede realizar alguna mención a la legislación interna de ese Estado para determinar el Ordenamiento aplicable. La postura restrictiva es sin duda completamente correcta y segura, ya que queda libre de las críticas doctrinales apuntadas, que podrían mover, en su día, a algún interesado en la sucesión a atacar el testamento en los casos en que el testador haya utilizado la otra fórmula. Sin embargo, ésta otra, aunque parezca más discutible, a nosotros nos parece también plenamente válida; ahora bien, hay que tener en cuenta que la ley –de una unidad territorial- elegida por el testador sólo será válida si efectivamente es la que, fallecido el causante, corresponde aplicar según el Derecho del Estado de que se trate.


La elección deberá hacerse expresamente en forma de disposición mortis causa "o habrá de resultar de los términos de una disposición de ese tipo". No puede hacerse en una escritura de otro tipo, o en un acta, aunque tuvieran este único contenido.


La validez material del acto de elección no se rige por la Ley que regula el acto mortis causa que contiene la elección.

La elección es válida aunque la Ley elegida no permita que un causante pueda elegir la ley rectora de su sucesión. Como se ve, una cosa es el acto de elección de ley y otra cosa es el contenido del acto de elección.


En defecto de ley elegida por el causante, se aplica la Ley del Estado “en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento".


Este criterio de conexión no era el utilizado hasta ahora en prácticamente ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea. El criterio más usado era el de la nacionalidad. Así ha sido el caso de España, entre otros muchos. En el Derecho francés, en el que la Ley de la sucesión se fraccionaba, se aplicaba la Ley del domicilio del causante a los bienes muebles. En el Derecho inglés se acudía a su propio concepto de "domicile", que tiene poco que ver con la residencia habitual. En el Derecho italiano, se aplicaba la ley nacional del difunto, si bien se permitía que el causante eligiera en testamento la Ley de su residencia habitual; pero ésta no se aplicaba nunca de forma automática. El criterio de la residencia habitual sólo se utilizaba por el Derecho holandés y, desde una Ley de 16 de julio de 2004, en Bélgica. Una de las fuentes inspiradoras del criterio de la residencia habitual ha sido el Convenio de la Haya de 1 de agosto de 1989, que así lo estableció pero que no entró en vigor por falta de ratificaciones. También hay que tener en cuenta que la Unión prefiere no dar excesiva importancia al elemento "nacionalidad". Estas dos razones pueden ayudar a rebajar la sorpresa de la elección de la residencia habitual como criterio determinante.


La determinación de la residencia habitual es una cuestión de hecho y puede no resultar fácil, pero no podemos tratar de esto ahora.

La residencia habitual sólo puede ser la correspondiente al momento del fallecimiento, por lo que no se puede plantear ningún conflicto móvil. Nunca resultará relevante una residencia anterior.

Puede ser en un Estado miembro de la Unión o en cualquier otro Estado.

a Ley de la residencia habitual última rige toda la sucesión, al igual que en caso de elección, con independencia del lugar o país en que se encuentren los bienes. Da igual si la mayor parte del patrimonio se encuentra en un Estado distinto.


La aplicación de la Ley de la última residencia habitual no asegura que se aplique la Ley de este país, sino que puede provocar que se aplique la Ley de otro Estado por operar el reenvío. Si ha habido professio juris, en cambio, el reenvío no es posible porque lo prohíbe el art. 34.2. Esto puede sorprender, pero tiene su lógica, ya que así se está dando el mismo trato a este causante que a cualquier otra persona sujeta a la Ley de ese Estado. En todo caso, el reenvío se admite limitadamente por el Reglamento; sólo en los dos supuestos del art. 34.


La aplicación de la Ley de la última residencia habitual puede tener consecuencias drásticas a la hora de aplicar las disposiciones de última voluntad otorgadas antes de la entrada en vigor del Reglamento. La aplicación de normas de Derecho necesario puede modificar o frustrar en buena medida lo previsto por el causante. Por ejemplo, las disposiciones hereditarias de un causante inglés que fallece siendo residente en España se verán afectadas por las normas sobre legítimas. Para evitar esto, no hay más remedio que otorgar testamento.


Por último, téngase en cuenta que la aplicación de la Ley de la residencia habitual a un sucesión se refiere sólo al Derecho civil, no a las cuestiones fiscales. A efectos de determinar qué leyes tributarias son aplicables, hay que estar a las normas de los distintos Estados relacionados con la sucesión. El Reglamento se ha querido mantener al margen de esta importantísima cuestión. La unificación fiscal europea, siquiera sea en cuanto a normas de conflicto, está todavía muy lejos.


Carlos Jiménez Gallego

Notario de Palma


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