REVISTA JURÍDICA DEL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE LAS ISLAS BALEARES
• 23-01-2018 16:27 pm •
"La lealtad es una virtud que está bien en todo hombre y señaladamente en los Escribanos"
(Partidas, 3ª-XIX-Proemio)

ANTE UN NUEVO RETO.... LA LEY DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA.


La entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria (15/2015 de 2 de julio) a finales del pasado año ha supuesto un cambio paradigmático de la función notarial, y al propio tiempo un enorme reto que el notariado afronta con ilusión y respeto. La necesidad de una nueva regulación en sede de jurisdicción voluntaria o no contencio-sa venía ya ordenada por una Disposición Final de la ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000. Han tenido que transcurrir 15 años para que el legislador, superando tre-mendos contratiempos y diferencias que parecían insalvables entre los diferentes operadores jurídicos en liza, se haya pronunciado finalmente aprobando una norma que, aunque mejorable en cuestiones técnicas, recoge el mandato de tres lustros atrás y desjudicializa un buen número de procedimientos, hasta la fecha bajo compe-tencia exclusiva de los Jueces y Tribunales de justicia.


El camino ha sido largo, y al fin fructífero. La fórmula adoptada de atribuir las nue-vas competencias a tres cuerpos de funcionarios públicos de larga y honrosa trayec-toria, como los Secretarios judiciales –hoy Letrados de la Administración de Justicia-, los Registradores de la Propiedad y Mercantiles y los Notarios, con atribución de competencias compartidas –en ciertos supuestos inclusive con los Jueces y Tribuna-les de Justicia- supone una novedad apenas presente en nuestro cuerpo legal (aun-que con algunas excepciones, como la celebración del matrimonio), y contribuye a proyectar la auténtica voluntad del legislador: la elección por parte del promotor del expediente del funcionario ante el cual quiere que se desarrolle, excluyendo el en-quistamiento que ciertos monopolios producen en ciertos ámbitos de la función pública.


La elección del Notariado como uno de los funcionarios a quien se atribuyen nuevas competencias no es casual. En el ámbito de la jurisdicción voluntaria, el ensayo gene-ral previo que supuso la atribución de la competencia para la declaración de herede-ros abintestato de descendientes, ascendientes y cónyuges, ha venido a confirmar que la confianza depositada por el Estado en el notariado ha sido debidamente co-rrespondida por un trabajo efectivo por parte de este cuerpo que, aceptando el reto, ha venido autorizando las declaraciones de herederos abintestato en un tiempo más que razonable, con escasísima –por no decir- nula conflictividad jurídica, amén de un coste muy ajustado.


La atribución de nuevas competencias al notariado ha provocado no pocas reac-ciones en el ámbito jurídico. No podemos desconocer que la designación de notarios para la celebración de matrimonios así como la declaración de separación o divorcio (siempre de mutuo acuerdo y sin hijos menores de edad) como asimismo el procedi-miento monitorio de reclamación de deudas dinerarias no contradichas ha generado controversia, entre otros, en los ámbitos judicial y de la abogacía... Respetamos, por supuesto, las voces críticas, y al propio tiempo asumimos el reto de la nueva etapa que se abre, conscientes de que nuestra participación en los nuevos expedientes, constituye una nueva prueba –una más- para nuestro cuerpo, lo que supone hallar-nos expuestos a un examen riguroso por cualesquiera otros operadores jurídicos.


Por otra parte, no podemos desdeñar las voces críticas –a menudo procedentes del propio notariado- que entienden que las nuevas competencias suponen una impor-tante variación en la actividad desarrollada hasta la fecha y que pueden llegar a su-poner una desnaturalización de la auténtica y clásica función notarial, a la que es ajena tanto la nueva nomenclatura (expedientes, en vez de escrituras o actas) como el propio procedimiento, que supone la realización de diligencias sucesivas que pro-longan la finalización del expediente a diferencia del documento público clásico ba-sado en la unidad de acto.


Pero más allá de todas las consideraciones, reiteramos que el Notariado, uno de los bastiones esenciales de la seguridad jurídica preventiva en nuestro país, asume el reto con ilusión desde la experiencia acumulada por generaciones y con la convicción de que la sociedad agradecerá, una vez más, el trabajo desarrollado desde la obje-tividad, el asesoramiento imparcial y el secreto profesional, auténticos referentes de nuestra profesión.


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